IU lleva a la Fiscalía la ‘lista Falciani’ para que se investiguen cuentas en Suiza

IU lleva a la Fiscalía la ‘lista Falciani’ para que se investigue si las familias de Pujol y Mas tienen cuentas en Suiza

La formación que lidera Cayo Lara pide a la Fiscalía General del Estado que abra diligencias ya que ‘los documentos relacionados’ con las diligencias del juzgado que investiga el ‘caso Palacio’ parecen aportar ‘presuntos indicios de vinculación de donaciones hechas a determinadas instituciones y personas con la concesión y realización de obras públicas por diferentes empresas, que requieren una adecuada investigación judicial para resolver sobre su legalidad’.

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Izquierda Unida (IU) ha presentado a la Fiscalía General del Estado un escrito para que ‘con la mayor celeridad posible y empleando todos los recursos a su alcance’, abra ‘una investigación en profundidad de todas aquellas personas y sociedades mercantiles, que pudieran poseer cuentas opacas en paraísos fiscales o en Suiza para no pagar impuestos o para ocultar presuntas actividades delictivas’.

Entre estos casos, IU ha solicitado que se investigue lo que se desprende de las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona, que está investigando el caso Palacio, y que afectaría a las familias de Jordi Pujol y Artur Mas. Así lo anunció hace unas semanas el propio coordinador general de IU, Cayo Lara, y este lunes ha presentado el escrito, al que ha tenido acceso LA VOZ DE BARCELONA.

IU ha puesto a la Fiscalía en la pista de las supuestas cuentas que las familias de los dos dirigentes de CiU, ex presidente autonómico y presidente en funciones, tienen en paraísos fiscales y un borrador de un informe de la policía ha dejado escrito negro sobre blanco.

Así, la formación ecocomunista ha indicado a la Fiscalía que:

‘[…] Las diligencias previas 3360/2009 abiertas por el Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona, junto a los documentos relacionados con las mismas, parecen aportar presuntos indicios de vinculación de donaciones hechas a determinadas instituciones y personas con la concesión y realización de obras públicas por diferentes empresas, que requieren una adecuada investigación judicial para resolver sobre su legalidad. Estos documentos detallan la metodología, procedimientos e instrumentos financieros y contables, entre otros, que pueden utilizarse en las prácticas ilícitas de blanqueo de capitales, fraude fiscal y cobro de comisiones ilegales de acuerdo con la legislación de contratación pública, cuya investigación con relación a las personas y entidades que figuran como titulares o apoderados de las cuentas corrientes antes reseñadas’.

Lista Falciani

IU se ha apoyado en la conocida como lista Falciani. El ciudadano de nacionalidades francesa e italiana Hervé Daniel Falciani se encuentra en prisión provisional por orden del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, como consecuencia de una orden internacional de busca y captura emitida por Suiza.

Falciani copió y difundió listados de miles de evasores fiscales con cuentas en la oficina del Banco HSBC Private Bank en Ginebra. Desde su entrada en el HSBC descubrió que había diariamente cientos de operaciones sin rastro, transferencias entre cuentas anónimas inmediatamente borradas gracias al programa Hexagon, que permite desplazar en un solo clic fortunas entre Ginebra y Hong Kong sin dejar huella numérica.

Esta lista ha obligado, según ha indicado IU, que en España la Audiencia Nacional haya tenido que investigar el patrimonio oculto de, por ejemplo, la familia de Emilio Botín, presidente del Banco Santander, y de ‘los titulares de otras 3.000 cuentas’. Además, gracias a la lista Falciani, la Agencia Tributaria ha iniciado “la mayor regularización de la historia del fisco”, según Carlos Ocaña, secretario de Estado de Hacienda con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Las 3.000 cuentas del HSBC suizo que Francia ha facilitado a España pertenecían a659 contribuyentes españoles (todos personas físicas, salvo dos empresas). En total, la cantidad no declarada por todos ellos habría superado los 6.000 millones de euros, según los datos aportados por IU en el texto a la Fiscalía.

La formación política, por lo tanto, ha exigido a la Fiscalía que investigue estas cuentas y ha alertado que existen ‘evidentes’  riesgos de ‘alarma social’ ante la posibilidad de que queden sin investigar los posibles casos de evasión fiscal. Un caso que, según la formación que lidera Lara, no ha ocurrido en Francia, EEUU o Reino Unido, países en los que se ha investigado la lista Falciani.

Unos 44.000 millones de euros en fraude fiscal

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha cifrado en el 74% del fraude fiscal en España el que se realiza mediante estos procedimientos y prácticas de desvío de dinero a paraísos fiscales, sumando un total de 44.000 millones de euros defraudados al fisco. Sin embargo, la mayoría de las investigaciones de fraude fiscal se llevan a cabo sobre autónomos profesionales liberales y trabajadores cuyo fraudesolo representa el 8% del total.

Las tres cuartas partes de la evasión fiscal se localiza en las 41.582 empresas de mayor tamaño, según informes del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Geshta). Este colectivo ha defendido que se debe dar lugar a una investigación exhaustiva de las grandes fortunas y grandes empresas, dado que una parte de su actividad pudiera ser constitutiva de fraude fiscal.

Finalmente, IU ha recordado que el artículo 124 de la Constitución atribuye a la Fiscalía General del Estado la misión de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad de los derechos de los ciudadanos y del interés público, y su estatuto le encomienda defender el interés general del Estado y ‘representa a la sociedad en la investigación y persecución del delito y en la acusación penal de los presuntos infractores’.

“Estudiando” y “comprobando” la información del borrador

En relación a las supuestas cuentas de las familias Pujol y Mas en Suiza, este martes,El Mundo ha informado de que el Ministerio de Interior ha anunciado que se han registrado avances en la investigación derivada del contenido del borrador policial de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

“La Policía ha recibido nueva información referida a las presuntas irregularidades contenidas en el informe policial publicado por El Mundo que acusaba al presidente [autonómico] catalán Artur Mas y Pujol de cobrar comisiones“, han señalado desde el Ministerio para, acto seguido, reconocer que Asuntos Internos ha avalado la veracidad del borrador.

El departamento que dirige Jorge Fernández Díaz (PP) ha comunicado que la información recibida se está “comprobando” y “estudiando” para que, en caso de que sea pertinente, se remita a la autoridad judicial. Desde el Ministerio se ha precisado que se trata de “datos relativos a los detallados en el borrador y las personas que figuraban en él”, según ha informado Europa Press citando fuentes del Ministerio.

Un portavoz de Interior ha añadido que “estos datos podrían esclarecer investigaciones judiciales en curso, por lo que se están haciendo las actuaciones pertinentes en las unidades policiales correspondientes”. Y se ha reconocido que es “práctica habitualde la UDEF la elaboración de escritos borradores”.

Datos de otros informes

Así, los datos que aparecen en el polémico borrador “proceden del Informe de la UDEF Central 38.020 que fue remitido al Juzgado [de Instrucción número] 30 de Barcelona el 20 de abril, así como datos derivados de las conclusiones del Informe 49.212 de la UDEF de 24 de mayo de 2012 y del informe pericial del administrador concursal nombrado por el Juzgado de lo Mercantil”.

Estos datos “explicarían parcialmente el contenido de la información publicada, que podría tener como complemento otros informes judiciales en otros sumarios y otros documentos en fase de verificación“.

Por último, desde Asuntos Internos, siempre según lo publicado por el diario de Unidad Editorial, se ha dado respuesta a la negativa a admitir la autoría del borrador policial ante el juez, como ocurrió recientemente, ya que “es difícil dirimir si es porque nadie ha intervenido en su elaboración o, por el contrario, dada la notoriedad que su filtración ha despertado, eluden las consecuencias de verse acusados de ello”. La revelación de secretos está castigada con hasta tres años de cárcel.

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