Se perdona lo prescrito y no se investiga el origen del dinero. Pague ahora un mísero 10%, que todo vale.

Cuenta atrás para acogerse a esta medida y declarar los bienes y dinero defraudados antes de que termine el plazo el próximo 30 de noviembre

La tercera amnistía fiscal de la democracia aprobada el pasado marzo por el Ejecutivo popular permitirá la regularización de rentas defraudadas a cambio del 10% del valor de adquisición de estos bienes. Con ello, Hacienda busca recaudar 2.500 millones de euros y atraer a España cuentas con residencia en el extranjero. Unos días antes de que finalice el plazo para acogerse a la amnistía, el 30 de noviembre, te explicamos las claves de su funcionamiento.

Para acogerse a la Declaración Tributaria Especial (DTE), es necesario cumplimentar el modelo 750 de la Agencia Tributaria e ingresar en el banco el 10% del valor de los bienes o derechos adquiridos antes del 31 de diciembre de 2010.

– La amnistía fiscal sólo permite regularizar el IRPF, el impuesto de Sociedades y el impuesto sobre la Renta de no residentes (IRNR). El REAF (Registro de Economistas Asesores Fiscales) en su guía rápida de la declaración tributaria especial recomienda regularizar por la vía tradicional otros impuestos si están involucrados en las operaciones.

«Se otorga un plus de confidencialidad en este caso»

– No hay límite de dinero a regularizar. La DTE está pensada para aflorar el patrimonio, saldos en cuenta, acciones y viviendas ubicadas fuera de nuestro país, en paraísos fiscales, , según explica Juan José Mollinedo, de Gestha, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda.

– Dentro de la amnistía fiscal no se pueden regularizar bienes procedentes de fraudes y delitos que ya hayan prescrito. Los plazos para que caduquen la exigibilidad de sanciones terminan a los cuatro años para el fraude y diez para infracciones graves.

– La amnistía fiscal no presupone ningún tipo de consecuencia penal. No obstante, según puntulizan en la REAF existe obligación de informar por parte de los bancos, asesores o auditores cuando perciban que detrás del fraude hay un delito que no sea fiscal como los relacionados con el narcotráfico o la financiación del terrorismo.

– Quienes se acojan a este procedimiento no corren el riesgo de quedar fichados o marcados por Hacienda y ser objeto de una investigación mayor. Mollinedo aclara que el proceso de declaración de bienes defraudados se realiza de forma telemática por lo que los certificados no llegarán a las oficinas físicas y los inspectores no tendrán acceso a los datos. «Se otorga un plus de confidencialidad en este caso», asegura el técnico de Gestha.

-La legislación será mucho más dura contra los defraudadores una vez acabado el plazo para acogerse a la aministía fiscal. A partir de entonces, será obligatorio presentar una declaración de los bienes y derechos en el extranjero superiores a los 20.000 euros. En caso de omitir esta información, el contribuyente será sancionado con un importe mínimo de 10.000 euroso la liquidación del valor de adquisición del bien o derecho no declarado.

– La mayoría de asociaciones de asesores fiscales no están de acuerdo con la medida. El presidente de Asefiget, Juan José de los Mozos, considera que la medida «es injusta para los ciudadanos que pagan religiosamente». De los Mozos aboga, en cambio, por cambiar la mentalidad de los españoles y evitar el fraude. Para ello, en su opinión, habría que instaurar impuestos coherentes, garantizar la seguridad jurídica y la simplicidad y evitar los tributos encubiertos

– Desde Gestha también denuncian la falta de eficacia en la persecución de los grandes fraudes que existe en la Agencia Tributaria. «En Hacienda, el 80% de la plantilla está dedicada a investigar los pequeños fraudes y solo un 20% a las grandes fortunas y multinacionales. El año pasado, el 71% del fraude correspondía a las grandes fortunas y multinacionales», asegura Mollinedo.

-El principal problema reside en que investigar a las grandes empresas es complicado. Requiere años ya que las multinacionales cuentan con asesores muy especializados y suelen recurrir al Tribunal Supremo o al Tribunal Europeo. Gestha alega que mediante la inspección a los pequeños contribuyentes, Hacienda se asegura los objetivos anuales de lucha contra la economía sumergida.

-No obstante, desde REAF consideran positiva la medida. «Implica la dinamización de nuestra economía al aflorar bienes o derechos que, por su origen en rentas no declaradas, permanecía ocultos y, en cierta forma, improductivos en nuestro país», según se destaca en la guía sobre la amnistía fiscal.

Los grandes despachos de derecho tributario están presionando al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para que retrase el fin de la amnistía fiscal un mes, hasta el 31 de diciembre, porque están literalmente colapsados con las solicitudes de regularización de sus clientes. El departamento mantiene oficialmente una negativa tajante a esta prórroga, pero en privado algunos altos cargos se han mostrado receptivos, según fuentes conocedoras de la situación; la posibilidad de incrementar la recaudación es muy apetitosa en un momento en que se plantean nuevos endurecimientos fiscales como el de los blindajes.

“Es lógico que Hacienda esté negando que vaya a haber prórroga para que los que se lo estén pensando se decidan de una vez y se den prisa”, explica una de las fuentes. En cambio, otra asegura que “desde Hacienda han animado a algunos despachos a que presionen para que se prorrogue la amnistía porque es posible que logren convencer al ministro”. “No hay ninguna razón técnica para no prorrogarla, pero en todo caso no lo anunciarán hasta el último minuto”, explica una tercera.
El principal argumento a favor de la prórroga es la posibilidad de incrementar la recaudación en ese plazo extra de un mes (en ningún caso se prolongaría más allá del 31 de diciembre). Una posibilidad que pesa mucho cuando el Gobierno está tratando de recaudar de donde sea, lo que ha provocado que incumpla su promesa electoral de no subir impuestos e incluso que esté preparando nuevas figuras tributarias como la ‘tasa Tobin’ o el impuesto a las indemnizaciones millonarias de los altos directivos. Además, dentro de la Agencia Tributaria se siguen quejando de que la recaudación por la regularización sigue siendo muy escasa.
Como informó El Confidencial, la amnistía va a atraer a muchos defraudadores perolas cantidades que se van a recaudar no serán muy elevadas, porque el recargo del 10% no se va a aplicar sobre todo el patrimonio regularizado, tal como se pretendía inicialmente, sino sólo sobre el generado a partir de 2008; el anterior se considera prescrito y no tendrá que pagar por regularizarse. Algunas fuentes consideran que, si se amplía el plazo, la recaudación de la regularización fiscal puede crecer hasta en un 25%.
Pero, además, hay un argumento jurídico que permitiría salvar la cara a Hacienda después de las negativas de los últimos días. Se trata del segundo informe de la Dirección General de Tributos sobre la regularización, en que se despejan las últimas dudas sobre cómo hay que acogerse a ella (por ejemplo, no incluye los fondos de inversión en paraísos fiscales). Este informe se publicó a finales de octubre, y el Ministerio podría escudarse en que muchos interesados en regularizar no han tenido prácticamente tiempo después de que se publicara para poner en orden sus cuentas. Asimismo, la nueva Ley de medidas antifraude que se aplicarán a quienes no acudan a la amnistía ha entrado en vigor este mismo mes.
Convencidos a última hora
Muchos defraudadores que inicialmente eran reacios a acudir a la amnistía se han convencido con el tiempo de que era la mejor opción. Y ahora se les echa el tiempo encima. En primer lugar, se han convencido por las seguridades que ha dado el Gobierno respecto a la confidencialidad de sus declaraciones y a que no va a inspeccionar a quienes regularicen voluntariamente. En segundo lugar, por el endurecimiento de las medidas antifraude a partir del próximo año, como la obligación de presentar una declaración de patrimonio en el extranjero o la no prescripción del dinero oculto en paraísos fiscales.
Finalmente, les ha animado el rechazo de la Audiencia Nacional a suspender cautelarmente la amnistía como solicitaba el PSOE; ahora, su recurso se verá en el Constitucional, cosa que ocurrirá dentro de varios años, y sería muy raro que este Tribunal tumbe unas situaciones consolidadas que se basaban en la confianza legítima.
Esta oleada de adeptos a la amnistía es lo que ha colapsado los despachos de asesores fiscales. Y no sólo a ellos. Algunas de las fuentes citadas aseguran que los bancos también están hasta arriba de trabajo para suministrar toda la información que necesitan para poder presentar la declaración excepcional. Además, en muchos casos esta información ha cambiado de oficina por el cierre de sucursales acometido por muchas entidades en proceso de fusión, o incluso la persona que la conocía ha sido objeto de un ERE, lo cual complica todavía más esta tarea.
Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s